El ministro del Interior Argentino (Aníbal Fernández) ordenó "no perseguir más a los adictos" y criticó la Ley 23.737 por encarcelar a los consumidores de drogas, dejando libres a los grandes traficantes.
El ministro del Interior Aníbal Fernández admitió el "fracaso" de la política de persecución de los consumidores de estupefacientes que permite que crezcan las bandas de narcotraficantes y puntualizó que ordenó "no perseguir más a los adictos".
En un reportaje con el diario Página 12, el ministro llamó a derogar a la Ley 23.737, llamada Régimen Penal de Estupefacientes, en vigencia desde hace 18 años. "Esa legislación lo único que nos demuestra es que la política criminal fracasó", puntualizó el ministro.
La ley "persigue al perejil, agarra al consumidor en flagrancia (de casualidad), y con cantidades mínimas. A la cárcel sólo van los adictos tenedores y los pequeños comerciantes", reflexionó.
"Si la 23.737 demuestra un fracaso tengo que encontrar alternativas que me den nuevas formas. Y dentro de esas nuevas formas volver a esa política que despenalice al adicto", dijo.
"Es necesario cambiar esa ley. Es un despilfarro. Es un despropósito. A eso se les suman tareas que nos mandan, que nos atosigan los laboratorios con esta política gansa de la ley 23.737", aseveró.
Luego mencionó los costos económicos del "error que comete el Estado" al perseguir a los consumidores.
"Una causa por tenencia cuesta quince mil pesos. Tener un adicto preso cuesta ¡cinco mil pesos al mes! Si se juntara toda esa masa de dinero que se está invirtiendo en este tipo de causas podríamos, sólo por poner un ejemplo, duplicar en eso el programa de VIH", comparó.
"Si analizamos las causas federales, nos damos cuenta de que el 45 por ciento es por ley de drogas. De ese 45 por ciento, el cinco por ciento, o sea el 2,5 por ciento de todo lo que circula en los juzgados federales, tiene condena: algo está fracasando. No tiene mucho sentido. El setenta por ciento de las cárceles de mujeres está abarrotado de mujeres pobres y con hijos por ser mulas", detalló.
Para el ministro, esta situación implica que "hace muchísimo que no tenemos causas con entrega vigilada, que no se encuentran redes ni rutas de narcotráfico" y que " cuando se hacen grandes decomisos, que de hecho los hacemos, muy rara vez hay detenidos importantes".
Fernández indicó que el Consejo de Seguridad que se reunió la semana pasadas tomo doce resoluciones, entre ellas la designación de un comité científico.
"Buscamos gente con una inteligencia privilegiada, que tienen libertad para analizar y proponer cambios. La Argentina tiene que aportar cabeza en esto: ese comité tiene que aportar el pensamiento que no se usó para sancionar la ley 23.737".
El comité científico tendrá entre sus objetivos "estudiar desde los tratados internacionales por los que nunca nadie se preocupó hasta la legislación vigente sobre drogas".
Respecto al caso de narcotráfico en la Villa 1.11.14 de Bajo Flores, el ministro dijo que " no hay solamente muertos, sino otro tipo de cosas como el problema social severo, de urbanización, no atendido, un problema de trabajo no atendido que implicó que la gente se volcara a la venta de droga como una solución del empleo".
"Esto nos demostró que fracasamos con la inteligencia, el entrecruzamiento de datos, porque eso hubiera sido para saber", se autocriticó.
El ministro confesó que no tiene dudas de que hay corrupción en la Policía Federal. "En ésta, en las otras fuerzas, y en las fuerzas del mundo hay corrupción. Unas más, otras menos. Algunas nimias, otras más importantes. Yo no tengo dudas de que las debe haber. También reconozco que la enorme mayoría de la gente de la fuerza no es corrupta", aclaró.
MÁS SOBRE DROGAS EN ARGENTINA
+ La lucha por los derechos civiles de los consumidores de cannabis (documento periodistico)
El ministro del Interior Aníbal Fernández admitió el "fracaso" de la política de persecución de los consumidores de estupefacientes que permite que crezcan las bandas de narcotraficantes y puntualizó que ordenó "no perseguir más a los adictos".
En un reportaje con el diario Página 12, el ministro llamó a derogar a la Ley 23.737, llamada Régimen Penal de Estupefacientes, en vigencia desde hace 18 años. "Esa legislación lo único que nos demuestra es que la política criminal fracasó", puntualizó el ministro.
La ley "persigue al perejil, agarra al consumidor en flagrancia (de casualidad), y con cantidades mínimas. A la cárcel sólo van los adictos tenedores y los pequeños comerciantes", reflexionó.
"Si la 23.737 demuestra un fracaso tengo que encontrar alternativas que me den nuevas formas. Y dentro de esas nuevas formas volver a esa política que despenalice al adicto", dijo.
"Es necesario cambiar esa ley. Es un despilfarro. Es un despropósito. A eso se les suman tareas que nos mandan, que nos atosigan los laboratorios con esta política gansa de la ley 23.737", aseveró.
Luego mencionó los costos económicos del "error que comete el Estado" al perseguir a los consumidores.
"Una causa por tenencia cuesta quince mil pesos. Tener un adicto preso cuesta ¡cinco mil pesos al mes! Si se juntara toda esa masa de dinero que se está invirtiendo en este tipo de causas podríamos, sólo por poner un ejemplo, duplicar en eso el programa de VIH", comparó.
"Si analizamos las causas federales, nos damos cuenta de que el 45 por ciento es por ley de drogas. De ese 45 por ciento, el cinco por ciento, o sea el 2,5 por ciento de todo lo que circula en los juzgados federales, tiene condena: algo está fracasando. No tiene mucho sentido. El setenta por ciento de las cárceles de mujeres está abarrotado de mujeres pobres y con hijos por ser mulas", detalló.
Para el ministro, esta situación implica que "hace muchísimo que no tenemos causas con entrega vigilada, que no se encuentran redes ni rutas de narcotráfico" y que " cuando se hacen grandes decomisos, que de hecho los hacemos, muy rara vez hay detenidos importantes".
Fernández indicó que el Consejo de Seguridad que se reunió la semana pasadas tomo doce resoluciones, entre ellas la designación de un comité científico.
"Buscamos gente con una inteligencia privilegiada, que tienen libertad para analizar y proponer cambios. La Argentina tiene que aportar cabeza en esto: ese comité tiene que aportar el pensamiento que no se usó para sancionar la ley 23.737".
El comité científico tendrá entre sus objetivos "estudiar desde los tratados internacionales por los que nunca nadie se preocupó hasta la legislación vigente sobre drogas".
Respecto al caso de narcotráfico en la Villa 1.11.14 de Bajo Flores, el ministro dijo que " no hay solamente muertos, sino otro tipo de cosas como el problema social severo, de urbanización, no atendido, un problema de trabajo no atendido que implicó que la gente se volcara a la venta de droga como una solución del empleo".
"Esto nos demostró que fracasamos con la inteligencia, el entrecruzamiento de datos, porque eso hubiera sido para saber", se autocriticó.
El ministro confesó que no tiene dudas de que hay corrupción en la Policía Federal. "En ésta, en las otras fuerzas, y en las fuerzas del mundo hay corrupción. Unas más, otras menos. Algunas nimias, otras más importantes. Yo no tengo dudas de que las debe haber. También reconozco que la enorme mayoría de la gente de la fuerza no es corrupta", aclaró.
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